EscucharColombia vivió este 1º de enero el primer día de seis meses de cese al fuego pactado entre el Gobierno y los cinco principales grupos armados que operan en el país, según anunció a última hora del sábado el presidente, Gustavo Petro.
“Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1º de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones”, aseguró el mandatario en un tuit.
La mayor tregua desde las negociaciones de paz que terminaron con el acuerdo de paz, firmado entre las FARC y el Gobierno en 2016, era uno de los principales objetivos de Petro.
“El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional”, añadió a continuación el mandatario, que calificó el pacto como un “acto audaz”.
Bajo su política de “paz total”, el Gobierno cafetero aspira extinguir seis décadas de conflicto armado mediante el diálogo con rebeldes, narcos, paramilitares y pandilleros. La última insurgencia reconocida del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), negocia con el gobierno desde noviembre.
De su lado, los grupos Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central -que se apartaron del pacto de paz firmado por la FARC- sostenían “diálogos exploratorios” por separado con delegados de Petro.
Lideradas en el pasado por el capo Otoniel, extraditado a Estados Unidos, las AGC es la mayor banda narco del país. Al igual que las Autodefensas de la Sierra Nevada, están conformadas por remanentes de los paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron a principios de la década de 2000.
Diez mil hombres armados
Todos estos grupos suman más de 10.000 hombres armados, enfrentados en disputas por las rentas del narcotráfico y otros negocios ilegales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
En un comunicado este domingo, el gobierno anunció que expedirá “un decreto específico por cada una de las organizaciones, donde se determinará la duración y las condiciones de dicho cese del fuego”.
Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica verificarán el cumplimiento de la tregua.
El representante del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, saludó en Twitter “los esfuerzos orientados a reducir la violencia en los territorios, a proteger a las comunidades afectadas por el conflicto y a construir paz en Colombia”.
La política de “paz total” se convirtió en ley en noviembre, luego de que el Congreso de mayoría oficialista respaldara la ambiciosa propuesta de Petro para negociar la desmovilización de rebeldes y acordar beneficios judiciales para narcos y otros grupos ilegales.
“Estaremos atentos para verificar, en los diferentes territorios, que se cumpla con el cese de las acciones armadas por parte de los grupos armados ilegales”, indicó la Defensoría del Pueblo en Twitter.
Aunque el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC transformó en partido político a la guerrilla más poderosa del continente, el conflicto sigue luego de seis décadas y más de nueve millones de víctimas.
Paz total
Petro, un exguerrillero que firmó la paz en 1990 antes de saltar a la política, llegó al poder el 7 de agosto como el primer presidente de izquierda en la historia del país.
En paralelo a su política de “paz total”, el presidente también dio un giro a la que considera un aguerra “fracasada” guerra contra las drogas tras décadas de apoyo estadounidense.
El gobierno abandonó la erradicación forzada de pequeños cultivos de hoja de coca y pidió a la fuerza pública concentrarse en la persecución de los eslabones más lucrativos del negocio en vez de los campesinos. Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo y Estados Unidos el mayor consumidor de esta droga.
El partido opositor Centro Democrático, del expresidente derechista Álvaro Uribe (2002-2010), ha calificado la propuesta de “paz total” de “apología a la criminalidad y a la impunidad”.
Andrés Forero, congresista de esta colectividad, aseguró que “el cese bilateral es una inaceptable claudicación del estado ante los grupos armados ilegales” y una decisión para “atar de manos a la fuerza pública”.
Las desaparecidas FARC fueron reemplazadas por una proliferación de nuevas organizaciones, sin margen de negociación hasta la llegada de Petro.
A pesar de los acercamientos con los distintos grupos armados, hasta ahora Petro no ha logrado contener la espiral de violencia que envuelve al país. El centro de estudios independiente Indepaz registró casi un centenar de masacres en 2022.
