Cuando dejó de lado las armas, Eiber Andrade pensó que jamás volvería a estar en la ilegalidad, pero lo está de nuevo.

El joven exguerrillero, de 24 años, ahora deshoja a mano limpia los arbustos de coca en Catatumbo, la región colombiana donde fracasaron la lucha antidrogas y se hundieron las promesas de paz del Estado.

Hace cinco años que Andrade abandonó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tras el acuerdo de paz con la entonces guerrilla pensó que podría dedicarse a la agricultura en Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde se encuentra la mayor cantidad de narcocultivos del mundo (40.084 hectáreas en 2020).

Como muchos de los 13.000 excombatientes, Eiber se sintió engañado. La plata que debía recibir como parte de los compromisos oficiales nunca llegó.

Guerrillero desde los 10 años, Andrade terminó metido entre los cultivos ilegales que relumbran bajo el intenso sol, para sobrevivir junto a su pareja de la misma edad y su pequeña de tres años.

“Los presidentes que hemos tenido no nos han dado todavía ninguna ayuda”, reclama mientras desnuda los arbustos cuyas hojas serán transformadas luego en la pasta base de la cocaína.

Guerrilleros que habían dejado las armas las tomaron de nuevo con los grupos que se salieron del acuerdo de paz y que junto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida del país, operan en esta zona donde la propaganda deja claro quiénes tienen el poder.

Miles de muertos

Otros, al menos 330 según conteos independientes, han sido asesinados en un desangramiento que Gustavo Petro, el nuevo presidente, promete detener mientras denuncia el fracaso del combate antidrogas que en cuatro décadas deja decenas de miles de muertos entre policías, militares, jueces, periodistas, campesinos y pistoleros a sueldo.

Petro, primer gobernante de izquierda del país, no quiere más campesinos cocaleros encarcelados. En Colombia, la nación que más produce la cocaína que consumen en Estados Unidos y Europa, los recolectores son quienes la pasan peor.

“Que Petro nos ayude (...) para ver qué nosotros podemos cambiar porque si no nos ayuda con nada, pues seguimos nosotros con estas cosas, y esto es un delito muy grande”, dice Andrade.

“No volver”

Otros tres exguerrilleros trabajan a diario junto a Eiber en una finca de seis hectáreas. Algunas plantaciones de café, cacao y banano se mezclan entre la coca, pero ningún otro cultivo es tan rentable como el prohibido. Por cada kilo de pasta los guerrilleros pagan unos 400 dólares (253.000 colones), y luego la revenden a los narcotraficantes.

Aunque el acuerdo de paz con las FARC pretendió acabar con el negocio de la droga, combustible de la violencia, el número de hectáreas sembradas en Colombia es parecido (142.783) al de 2016 (146.139).

El mandatario Gustavo Petro, que en su juventud estuvo en una guerrilla que firmó la paz, promete una reforma rural para potenciar la producción de alimentos y beneficios económicos a quienes dejen la siembra de coca.

Años atrás Carlos Abril (25 años), que desde los 13 años perteneció a las FARC, oyó promesas similares. Hoy se esfuerza para “no volver” a las armas.

“Entramos al proceso con esa alegría, con esa iniciativa de que íbamos a ver una Colombia nueva, en paz (...) pero el tema de la coca nos hace volver (a la ilegalidad) por la necesidad”, dice.

Dejar la coca

En una casa de madera y con los cultivos de coca de fondo, una docena de líderes campesinos y cocaleros se alinean frente al nuevo gobierno. Varios están amenazados y andan con escolta oficial.

Para Elizabeth Pabón, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), es el “momento perfecto” para renunciar a la coca.

“Vemos con gran expectativa las palabras del señor presidente Petro donde dice que no va a haber erradicación forzada ni fumigación (con químicos), sino que va a ser algo concertado con las comunidades”, señala en nombre de 6.000 campesinos.

Una decena de banderas con las siglas del Ejército de Liberación Nacional adornan el camino que lleva hasta los sembradíos junto a fotos del comandante guerrillero Antonio García y los jefes del ELN, que está a punto de reiniciar diálogos de paz con Petro.

El desarme de los rebeldes, dicen los cocaleros, contribuiría a abandonar la producción de coca para dar paso a la venta de alimentos a “precios justos”.

De nuevo Colombia está frente a dos caminos, uno que parecía ir hacia la paz y otro que lleva hacia una violencia que se resiste a desaparecer.