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El aspirante a la presidencia de Nicaragua Miguel Mora fue detenido para ser investigado por delitos contra la soberanía, y se suma a los arrestos de otros cuatro precandidatos a las elecciones de noviembre, informó la policía.
Mora, quien también es periodista, fue arrestado en su casa la noche del domingo por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”, con base en una ley que el gobierno de Daniel Ortega aplica a los opositores.
El comunicador era precandidato a la presidencia por el Partido de Renovación Democrática (PRD, evangélico) al que el tribunal electoral le quitó la personalidad jurídica en mayo, dejándolo fuera de participar en las elecciones del 7 de noviembre.
Con Mora son 17 los opositores detenidos y el quinto precandidato a la presidencia bajo arresto a cinco meses de las elecciones generales, en las que no se descarta que Ortega, de 75 años y con 14 consecutivos en el poder, busque un cuarto mandato sucesivo.
La redada policial contra opositores inició el pasado 2 de junio con el arresto domiciliar de la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, 67 años, hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien según los sondeos era la más popular de los postulantes a la silla presidencial y potencial rival de Ortega en las elecciones de noviembre.
Chamorro es acusada de lavado de dinero a través de una fundación con el mismo nombre de su madre.
También están detenidos el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana.
Segunda vez
Mora era director del cerrado canal 100% Noticias, actualmente en formato digital y es la segunda vez que es encarcelado, luego de un primer arresto el 21 de diciembre de 2018 bajo cargos de incitar al odio para promover actos terroristas durante las protestas antigubernamentales.
Fue liberado seis meses después bajo una ley de amnistía.
El gobierno considera que las manifestaciones de 2018, que se saldaron con 328 muertos y miles de exiliados, según organismos humanitarios, fueron un intento de golpe de Estado para apartar a Ortega del poder.
