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La silla del presidente de la Corte Suprema de Justicia finalmente tiene un nuevo dueño, se trata de Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional.
La designación de Cruz se llevó a cabo la tarde de este miércoles en una sesión extraordinaria convocada por los magistrados para agilizar la elección luego de que el 16 de julio Carlos Chinchilla abandonara el cargo al pensionarse justo cuando iba a iniciarse una sanción relacionada con una desestimación de una causa penal vinculada con el cementazo.
Los aspirantes eran Fernando Cruz Castro y Fernando Castillo Víquez, ambos miembros de la Sala Constitucional; Luis Guillermo Rivas Loáiciga, de la Sala Primera, y Orlando Aguirre Gómez, de la Sala Segunda.
Sin embargo, este mismo miércoles el magistrado Rivas decidió retirarse.
Escoger a un nuevo presidente no fue tarea fácil, se necesitaron cuatro rondas de votación para llegar a una decisión final porque ninguno de los aspirantes lograba obtener los 12 votos necesarios.
Luego de la segunda votación el magistrado Castillo también se apartó indicando que al recibir solo dos votos se dio cuenta de que no tenía sentido continuar.
La carrera final fue entre los magistrados Aguirre y Cruz. Este último obtuvo 13 votos y su rival alcanzó 9.
Luego de recibir los aplausos y los abrazos de sus compañeros, Cruz brindó unas palabras, enfocándose en la responsabilidad que tendrá.
“Es complicado el oficio de estar en la magistratura y en la Corte Plena, soy optimista pero tengo un realismo crítico porque son momentos de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Encuentren en mí siempre una persona abierta a cualquier observación y crítica, me parece que siempre el poder es transitorio y no hay que olvidar eso, uno no queda en la memoria por lo que hizo sino por los gestos de bondad que nacen del corazón hacia los demás”, dijo.
Cruz, de 69 años, fue designado magistrado de la Sala Constitucional en el 2004 en sustitución de Carlos Arguedas Ramírez, quien se pensionó.
Es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) y tiene un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid.
Inició como agente de Faltas y Contravenciones de Alajuela, en 1972. Fue actuario, luego agente fiscal, fiscal general, juez superior, presidente del Tribunal de Casación Penal y, por último, magistrado constitucionalista.
